Censura criminal

Las libertades de movimiento, asamblea, expresión, opinión, información o prensa se han visto limitadas o afectadas. Muchos están denunciando a sus gobiernos e instituciones por una gestión, por decisiones políticas o por la limitación de derechos y libertades fundamentales.

El virus SARS-CoV-2, causa la Covid-19, enfermedad conocida más frecuentemente como coronavirus. Mucho se ha escrito y debatido sobre el virus, la enfermedad y sus causas. A mí me interesan particularmente las consecuencias sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en el ámbito internacional y más concretamente en la Organización de las Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Pudieran parecer instituciones lejanas, pero no nos debemos dejar engañar. Los informes allí presentados, las decisiones tomadas en Ginebra y los debates en esas salas de principios del siglo XX nos afectan. Nos afectan a todos y mucho más de lo que pensamos. Tienen implicaciones en nuestras actividades diarias, en cómo podemos vivir nuestros valores y principios e incluso en tantas y tantas “exposiciones de motivos” de las leyes nacionales que anteceden esas decenas de leyes en los boletines oficiales. No debe caber ninguna duda de que las organizaciones internacionales tienen una gran influencia en la política regional o nacional.

Como es lógico, en todas las organizaciones internacionales se ha tratado el tema del coronavirus y se han hecho informes o sesiones especiales debatiendo sobre cómo estaba afectando no sólo a la salud sino también al mercado laboral, al comercio internacional, a la economía y a libertades y derechos fundamentales. Las libertades de movimiento, asamblea, expresión, opinión, información o prensa se han visto limitadas o afectadas. Lamentablemente, en algunos casos cercenadas o directamente pisoteadas desde el gobierno u organismos gubernamentales. Estas limitaciones deben seguir un procedimiento establecido en los tratados y convenios internacionales firmados por cada país así como los pactos internacionales, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para quien quiera leer un informe en inglés sobre la suspensión de ciertos derechos fundamentales en casos de situaciones excepcionales, como sería el caso de la pandemia por la Covid-19, puede leer a Richardson & Devine con los que concuerdo en que “los estados deben mantener los derechos humanos a la vanguardia mientras continúan respondiendo a la crisis de salud global causada por la COVID-19. Es primordial que los estados mantengan el respeto por el sistema legal internacional en su conjunto y las personas protegidas por él”. (Eric Richardson & Colleen Devine, Emergencies End Eventually: How to Better Analyze Human Rights Restrictions Sparked by the COVID-19 Pandemic Under the International Covenant on Civil and Political Rights, 42 MICH. J. INT’L L.).

Además de analizar la legislación internacional no nos debemos olvidar del debido respeto y seguimiento de la legislación interna, habitualmente mediante la Constitución, que cada país se haya dado.

Es muy positivo que las organizaciones internacionales lleven una línea de denuncia contra actitudes totalitarias en el mundo y que parte de los expertos internacionales esté criticando a ciertos países que no han respetado ni derechos humanos ni libertades fundamentales. No podemos olvidar que la libertad de expresión está reconocida internacionalmente como un derecho fundamental y un componente básico de una sociedad democrática.

Quiero resaltar el informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, David Kaye. Este informe contiene párrafos excelentes que bien podrían utilizarse en universidades, escuelas de periodismo, instituciones políticas o incluso en tribunales y juzgados cuando deban decidir sobre la actuación de algunos gobiernos durante la pandemia y la forma en la que han limitado las libertades fundamentales y los derechos humanos.

David Kaye indica que hay dos caminos para afrontar el futuro. El primero reconoce la necesidad de cooperación y coordinación internacionales, evita la censura y fomenta el acceso a la información al tiempo que sólo utiliza las restricciones cumpliendo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El segundo camino, “es el del oportunismo en un momento de distracción y perturbación humana generalizadas, de consolidación del poder autoritario y uso desproporcionado de las facultades ejecutivas, y de políticas económicas que pueden aumentar la desigualdad y la pobreza, así como las violaciones de los derechos humanos”. En este camino “la pandemia es también una crisis de la libertad de expresión: provocada por causas naturales, sin duda, pero favorecida por unas políticas informativas que han debilitado las infraestructuras de alerta y notificación. Las personas y sus comunidades no pueden, sin embargo, protegerse de las enfermedades cuando se les niega información, cuando han perdido la confianza en las fuentes de información y cuando la propaganda y la desinformación dominan las declaraciones de las autoridades públicas”.

Es obvio que, ante malas políticas, pésima gestión y limitaciones de derechos humanos y libertades fundamentales caben dos alternativas: el borreguismo y seguimiento ciego de los gobernantes, las instituciones y los medios afines al gobierno o la reflexión, la inconformidad y la necesaria defensa de los derechos propios y ajenos.

De la misma manera, si la información es variable -y su variabilidad depende de factores exógenos a la salud y con un contenido político- los ciudadanos pierden confianza en las autoridades. Hemos visto que no pocos han aumentado su desconfianza en organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud al considerar que podría haber informado mejor y de forma más transparente y gestionado mejor la pandemia.

Como conclusión, si quienes deben gobernar cercenan libertades y derechos fundamentales para evitar críticas hacia su gestión o para aumentar su poder la consecuencia inmediata es la pérdida de la confianza, el tener la sensación de estar siendo manipulados y el buscar la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Muchos están denunciando ante organismos internacionales o judiciales a sus gobiernos e instituciones por una gestión, por decisiones políticas o por la limitación de derechos y libertades fundamentales. Otros están expresando su frustración y proponiendo alternativas en redes sociales, medios de comunicación o incluso en los parlamentos. La clave es que se pondere y juzgue si quienes han restringido las libertades y derechos lo han hecho con el único y loable objetivo de evitar contagios y muertes por la Covid-19 siguiendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Lo contrario es denunciable y se debe juzgar por los juzgados y tribunales. La última instancia y la que penalizará a muchos gobiernos será la de las urnas.